NICARAGUA

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Cuando su iglesia ya no se sentía segura, el diácono Francisco Alvicio y su congregación idearon un plan: con cautela y discreción, llevaron el culto a sus hogares.

“Si me persiguen en la iglesia, todavía tengo mi Biblia”, dijo el nicaragüense de 63 años.

Orar escondido se convirtió en su último recurso antes de huir de su país en 2023.

Como él, varios pastores evangélicos, sacerdotes católicos y organizaciones de derechos humanos han denunciado la vigilancia, el acoso y el encarcelamiento de líderes religiosos nicaragüenses en los últimos años.

“Llegar con un arma no es de buen corazón”, dijo Alvicio desde Costa Rica, donde vive actualmente. “Si alguien entra a una iglesia con uniforme, hablando en voz alta, es para intimidar”.

La relación entre las comunidades religiosas nicaragüenses y el gobierno ha sido tensa desde la represión del presidente Daniel Ortega a las protestas callejeras masivas en 2018.

Ortega pidió a la Iglesia Católica desempeñar un papel de mediador cuando surgieron tensiones políticas, pero el diálogo no duró mucho. Después de que los sacerdotes albergaran a los manifestantes dentro de sus parroquias y expresaran su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, Ortega los calificó de "terroristas" que respaldaban los esfuerzos de la oposición para derrocarlo.

Entre los evangélicos, relativamente pocos pastores han apoyado abiertamente al presidente. La mayoría de las congregaciones se han abstenido de participar en política, aunque esto no ha impedido que algunos de sus líderes hayan sido encarcelados y que cientos de organizaciones hayan sido clausuradas.

En el norte de Nicaragua, donde nació Alvicio, la mayoría de los indígenas misquitos son evangélicos. La Iglesia Morava, a la que pertenecía el diácono, se estableció en Nicaragua en 1894. Hasta su cierre junto con más de 1.600 organizaciones no gubernamentales en agosto pasado, tenía unos 350.000 miembros en el país.

Durante décadas, dijo Alvicio, los miskitos podían profesar su fe libremente. Los servicios religiosos se celebraban todos los miércoles, viernes y domingos. Tanto los ancianos como los niños se reunían en la iglesia, donde el clero leía la Biblia y las ceremonias concluían con el canto de un himno miskito.

Las cosas empezaron a cambiar cuando el gobierno impuso nuevas normas a la congregación. Primero vino un impuesto que sus miembros nunca habían pagado. Luego, una orden para reemplazar su logotipo.

“No lo aceptamos”, dijo Alvicio. “No podemos cambiar algo sólo porque el gobierno lo quiere. El único camino que seguimos es el de Dios”.

Al poco tiempo, desconocidos vestidos de negro empezaron a aparecer en su iglesia.

Aquellos que tenían demasiado miedo de asistir a un servicio público decidieron orar en casa. Algunos leyeron sus Biblias en soledad. Otros, con sillas de repuesto, convirtieron sus pequeñas casas en iglesias improvisadas, y llamaron a algunos vecinos y líderes como Alvicio.

Cambiando de lugar todos los días, bajando la voz y reuniéndose a las 4 de la mañana para evitar ser detectados, continuaron celebrando su culto.

Cómo el gobierno de Ortega ha afectado a los evangélicos

Según CSW, una organización con sede en Gran Bretaña que aboga por la libertad religiosa, las violaciones contra la práctica religiosa de los protestantes nicaragüenses han sido menos visibles que aquellas contra la Iglesia Católica.

Anna Lee Stangl, directora de defensa de derechos de CSW, señaló en una publicación reciente que la Iglesia Católica es una organización religiosa única cuya estructura se extiende geográficamente y tiene una jerarquía pública clara.

“La Iglesia protestante está formada por muchas denominaciones diferentes e iglesias independientes, algunas de las cuales pueden ser dominantes en una parte del país y ausentes en otra, y que no necesariamente trabajan juntas o incluso se comunican”, dijo.

Tanto en las comunidades católicas como en las protestantes, las violaciones denunciadas por organizaciones y líderes religiosos son similares: restricciones a la duración, ubicación y frecuencia de los servicios; prohibición de procesiones; invasión de hombres enmascarados en iglesias; robo o destrucción de objetos religiosos e infiltración de informantes.

“La situación ha empeorado gravemente”, dijo Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense que lleva un registro de violaciones a la libertad religiosa.

Según su último informe, entre 2018 y 2024 se cometieron 870 violaciones contra la Iglesia católica y 100 contra protestantes en el mismo período.

Además, señaló la organización de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, más de 256 iglesias evangélicas han sido cerradas por el gobierno en los últimos cuatro años, mientras que 43 grupos católicos han sido blanco de ataques desde 2022.

Al menos 200 líderes religiosos han huido de Nicaragua, según la organización. Más de 20 fueron despojados de su ciudadanía y 65 han sido acusados ​​de conspiración y otros cargos.

El gobierno nicaragüense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La historia de un pastor estadounidense

El pastor Jon Britton Hancock no lo vio venir.

¿Cómo podía sospechar que 11 pastores de su iglesia evangélica podían ser detenidos si el gobierno de Ortega había autorizado sus operaciones durante años?

Él y su esposa, ambos estadounidenses y fundadores de Mountain Gateway, comenzaron a trabajar en Nicaragua en 2013. Dos años después, enviaron a sus primeros misioneros y comenzaron a colaborar con pastores locales.